La consulta popular, la revocatoria de mandato, el presupuesto participativo son herramientas constitucionales que hacen, en parte, a la democracia de nuestro país. Sin embargo, los gobiernos pasan y la participación ciudadana va quedando cada vez más relegada. ¿Desinterés o desconocimiento por parte del pueblo? ¿Estrategia o temor por parte del ejecutivo de turno?
Lejos quedó aquella consulta popular que le evitó a la Argentina una guerra con Chile por el canal de Beagle. Era el año 1984 cuando, después de más de dos tercios de siglo de disputa, se solucionó el conflicto tras un referéndum nacional en el que el 81,5% de los argentinos aceptaron la mediación papal hacia una resolución democrática. Así, se otorgó las islas en la mitad norte del canal a nuestro país, y las islas en la mitad sur y al sur del canal a Chile.
Según el artículo 65° y el 66° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Legislatura, el Gobernador o la autoridad de la Comuna pueden convocar a consulta popular sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no es obligatorio y el resultado es no vinculante. Sin embargo, esta herramienta que se propone reafirmar la democracia y los derechos constitucionales de la ciudadanía nunca se ha puesto en práctica en la ciudad
No fue más que un amague lo que sucedió en 2007 cuando el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, anunciaba la convocatoria a un plebiscito para determinar si los ciudadanos estaban de acuerdo con la creación de una policía contravencional y de faltas.
Con el triunfo de Macri en las urnas porteñas, la jugada política más que un verdadero interés por la opinión del pueblo- se cayó por su propio peso; una consistente prueba de cómo puede un funcionario bastardear una herramienta participativa, haciéndole perder seriedad y credibilidad. ¿Será una de las razones por las cuales los porteños ya no reclaman hacer uso de su derecho a participar?
La revocatoria de mandato es otra de las alternativas propuestas por la Constitución porteña. Consiste en que los ciudadanos pueden revocar el mandato de las autoridades electas por voto popular. Para ello se requiere reunir 520 mil firmas -el 20 % del padrón vigente- y que haya transcurrido un tiempo mínimo de gestión.
Un intento de utilización de este instrumento legal es el caso de Aníbal Ibarra. El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad, luego de la tragedia de Cromañón, decidió llamar a una consulta popular para que el pueblo decida su continuidad como funcionario público. Para ello debía cumplir con el requisito de la recolección de firmas pero, frente a la urgente necesidad de definir su situación política, Ibarra intentó convencer al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para que admita la convocatoria sin éstas. Finalmente, la Corte local rechazó la petición y, en cambió, habilitó que se junten las firmas tanto a favor de la revocatoria como de plebiscitar su gestión. Sin embargo, la respuesta no fue masiva y la consulta nunca se concretó.
Por su parte, en el año 2003, a pocos días de ser electo, el ex presidente Néstor Kirchner declaró su postura a favor de la consulta popular: "Los mecanismos de consulta popular son una práctica democrática bárbara, de democracia directa", destacó en algunos medios. Incluso, durante el conflicto entre Gualeguaychú y la papelera Botnia levantada al otro lado del río Uruguay, el ex mandatario se promulgó a favor del plebiscito que finalmente no se realizó.
El intendente de Gualeguaychú llamó dos veces a una convocatoria, siguiendo el antecedente de Esquel, pero el tribunal electoral las anuló. El caso de Esquel resulta una muestra ejemplar de cómo debe utilizarse esta herramienta participativa: el 23 de marzo de 2003, el 81% de la población de la zona se opuso al proyecto minero de oro y plata en el Cordón Esquel, y logró detener el plan de explotar una mina a cielo abierto en esta ciudad turística del sur de la Argentina. De todas formas, ésta es, sin dudas, la excepción a la regla.
El descrédito de las herramientas participativas, y la cada vez más deteriorada y escasa participación, se terminan de demostrar con el famoso "Presupuesto Participativo", al que Macri decidió no darle difusióón quizmás para lograr ejecutar el presupuesto de acuerdo a su propia voluntad.
Así, por ejemplo, se llamó a licitación para la reparación de la Plaza Martín Rodríguez (ubicada entre las calles Pareja, Habana, Helguera y Argerich) y la Plaza Nunca Mmás (en Cabezón y Bolivia), en Villa Pueyrredón, obras que nunca fueron solicitadas como prioritarias a través de ninguna de las etapas del Presupuesto Participativo y, sin embargo, para tal fin el gobierno de Macri desembolsarmá cerca de 5 millones de pesos.
áEn este contexto se hace visible el cansancio de los vecinos que parecen ya no creer en la posibilidad de ejercer ningún derecho participativo; por lo menos esa es la sensación que se percibe, luego de una breve historización de lo que se ha hecho con las herramientas participativas en la Ciudad de Buenos Aires, en particular, y en el país, en general: ningún gobierno de turno se anima a consultar al pueblo y asíí reprime su derecho; un derecho bmásico de la democracia: la participación.
Planificar es un intento que realiza el hombre por conquistar el futuro, tomar posición frente a la realidad para no dejarse arrastrar por las circunstancias. Planificar, es en este sentido, un acto de libertad.
Al planificar intentamos poner orden a la acción, darle un sentido, una orientación, prever las circunstancias que nos pueden dificultar, buscar aliados, estrategias para lograr lo que queremos.
Vivimos en una sociedad donde las actividades econóómicas se rigen por un patróón de funcionamiento condicionado por la dinámica capitalista. Esto significa que la organización de las tareas de producir y distribuir lo que necesita el ser humano para vivir, se definen en el marco de "las fuerzas del mercado" a partir de las señales que dan los precios de las mercancías.